PONCIO PILATOS EN EL EPISCOPADO DE HONDURAS - por gabriel andrade

Mientras líderes y organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instituciones hablan categóricamente de golpe de estado y lo condenan, los defensores del mismo -incluida la Conferencia Episcopal Hondureña- lo consideran como una “legítima sucesión” en el poder conforme a leyes internas hondureñas.
El pasado 14 de julio, esta Conferencia Episcopal encabezada por el ultraconservador cardenal Rodríguez Maradiaga, dio a conocer un comunicado con relación a la detención del Presidente de la República de Honduras del pasado 28 de junio por parte de las Fuerzas Armadas de ese país en el que expresa que “todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos, demuestran que las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho.”
A lo que agregan que “la Constitución de la República y los órganos administradores de justicia del país nos hacen concluir que:
a.) Conforme a lo contemplado en el Artículo 239 de la Constitución de la República, “quien proponga la reforma” de este Artículo, “cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Por lo tanto, la persona requerida, cuando fue capturado, ya no se desempeñaba como Presidente de la República.
b.) Con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un Juez Natural que giró la orden de captura contra el ciudadano Presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de: CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras, lo anterior a raíz del Requerimiento Fiscal presentado en esa Corte por parte del Ministerio Público”.

Esto es una verdad a medias que, como es sabido, equivale a una mentira, que dadas las implicancias sociales, políticas e institucionales deriva en una infamia contra los más injusticiados del pueblo hondureño.
Los obispos hondureños omiten mencionar que la forma de la ejecución de la destitución del presidente constitucional fue a partir de la violación de su domicilio y su expulsión del territorio nacional violando el art. 102 de la constitución donde reza que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”; con lo que queda deslegitimada dicha orden del poder judicial por vicios en el procedimiento. Tampoco mencionan que por este Golpe de Estado se violan todas las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas y pueblos. Se está llevando a cabo una represión constante y sistemática de agresión física a personas individuales y grupos por parte del ejército militar hondureño y la policía nacional civil, llegado incluso al derramamiento de sangre (de los defensores del pueblo pobre, nunca de los sediciosos) por causa de disparos de los militares sobre manifestantes pacíficos favorables al retorno del Presidente, la cual el episcopado es cómplice por omisión y dice en una ambigüedad propia de Pilatos que “Honduras ha sido y quiere seguir siendo un pueblo de hermanos, para vivir unidos en la justicia y la paz. Es necesario globalizar la solidaridad como un camino que puede ayudarnos a superar la injusticia y la inequidad”. Sólo les faltó agregar que la traerán los reyes magos para el próximo enero si ahora se portan obedientes, sumisos y resignados.
Es el mismo episcopado quien también ignora intencionadamente la desinformación obligada que se ha sometido a la ciudadanía mediante la censura de los medios de comunicación radial y televisiva ajenas al gobierno de facto; como así también la libre circulación, llevando la situación actual del país de un toque de queda a un estado de sitio.
Tampoco mencionan una sola palabra sobre que los hechos que antecedieron la ruptura del orden social y político no se limitan a la propuesta del Presidente de realizar una consulta con la que pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si querían un cambio de la Constitución Política; sino que el conflicto de fondo es con los diversos sectores económicos en la reestructuración de las fórmulas de ganancias de las compañías transnacionales del petróleo, la importación de medicamentos genéricos desde Cuba a precios más cómodos que los ofrecidos por las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales, la decisión de elevar el salario mínimo -uno de los más bajos de Centroamérica de $182 a $291 o las medidas a favor del ambiente frente a las compañías mineras, medidas todas que favorecen al 85% pobre de la población hondureña y, por supuesto, va en contra de los intereses privados de la minoría opresora del pueblo.

Para Honduras se ha producido un aislamiento internacional, una suspensión de ayudas financieras y retiro de embajadores de diversas naciones. Sin embargo, este episcopado se apura a tomar posición diciendo que “rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres”; haciendo gala de una hipocresía farisea, como si los pobres por los que tendrían que optar política y socialmente no estuvieran siendo ninguneados desde hace siglos con la bendición de la cruz al lado de la espada y el dinero.
También con esta sentencia se unen tácitamente a quienes rompieron el orden institucional considerando que se estaba produciendo una creciente y peligrosa influencia de los gobiernos venezolano, nicaragüense y de otros miembros del ALBA en Honduras, omitiendo mencionar a la evidente connivencia del Gobierno de los EE.UU. ante el golpe; quien compra el 80% del producto exportable hondureño, por lo cual este gobierno de facto duraría cinco minutos si el imperio decidiese bloquear sus compras al pequeño país centroamericano.

Es tragicómico leer al episcopado decir que “hoy más que nunca los comunicadores sociales deben expresar su amor a Honduras buscando la pacificación y serenidad de nuestro pueblo, dejando a un lado los ataques personales y buscando el bien común”.
El director de Cine, TV y Publicidad, Francisco Andino Mencia nos refiere sobre la escalada represiva que se ha desatado en Honduras: “Existen innumerables abusos que miembros del ejercito hondureño están cometiendo en contra de la prensa internacional, los profesionales de medios audiovisuales y a civiles indefensos.
Hay signos evidentes de que están implementando en forma sistemática y muy agresiva el manual de la doctrina de seguridad nacional que tan bien les funciono en el pasado. Ha habido muchos secuestros y desapariciones de dirigentes de organizaciones populares. Lo hacen impunemente: a las 3 de la madrugada cortan la energía eléctrica en toda la ciudad y allí actúan los comandos que entran a casas y se llevan a sus victimas. En otros casos se han dado a plena luz del día. Ayer un sindicalista murió arrollado por los militares cuando se oponía a la toma de la empresa de Telecomunicaciones. Por la tarde, fue reprimida brutalmente la manifestación pacifica que estaba estacionada frente al palacio presidencial desde ayer. Les lanzaron gas lacrimógeno y les dispararon francotiradores desde lo alto de un hotel, luego tropas de tierra apoyadas por dos helicópteros persiguieron a los manifestantes a lo largo de un kilómetro en un boulevard muy transitado, hasta el estadio nacional, solo para encontrarse con otra horda de soldados que los estaba esperando. Allí se provoco una gran desbandada del movimiento, y en la confusión, grupos de encapuchados secuestraron a su vez a varios dirigentes. Según datos extraoficiales hay 4 muertos, pero los heridos llenaron el hospital más cercano, hasta donde por supuesto llegó la policía para ficharlos. Asimismo fue ametrallada una caravana de buses que venía desde el interior hacia la capital con manifestantes que iban hacia Casa presidencial. De eso no se tiene mayor detalle por la fragmentación de la información que estamos sufriendo. Al periodista local Ángel Palacios le cayo un grupo de soldados que le querían quitar su cámara y después de forcejear logro escabullírseles. Como se nos perdió y temíamos que lo hubieran detenido, los compañeros realizadores Ramón Hernández y Manuel Villa salieron en su búsqueda, pero los soldados los hicieron retroceder a golpes de fusil. Afortunadamente Ángel apareció como una hora después, sano, salvo y con cámara. Mientras tanto el cerco mediático esta funcionando a la perfección: en los noticieros y diarios todo sigue con total normalidad y calma, como cualquier día común; es más, mucha gente aquí no se da cuenta de nada, aunque esté ocurriendo a pocas cuadras. Para rematar, la ultima red de comunicación que estaba transmitiendo información sobre lo que ocurre ya fue silenciada y sus coordinadores obligados a transmitir desde el exterior. La dictadura pretende ignorar y le resta importancia a que está siendo aislada completamente del mundo, que ha sido condenada y desligitimada por todos los foros mundiales, que todos los países de América y Europa están retirando a sus embajadores de Tegucigalpa, que Guatemala, Nicaragua y el Salvador han cerrado sus fronteras terrestres con Honduras, que el BID, FMI y BM están congelando los fondos internacionales de Honduras. Pero aun con todo esto dicen que se mantendrán firmes durante los 7 meses que faltan del gobierno de Zelaya. A nuestro amigo realizador Manuel Villa ya lo ha llamado amenazándolo con desaparición y muerte, y decidimos por eso mantenernos trabajando con bajo perfil. Cualquier cosa que le ocurra a él o a otro audiovisualista no será casualidad. Lo realmente aterrador es esperar la madrugada cuando están haciendo los cortes de energía y uno no sabe si vendrán a golpear a la puerta. Ojalá el mundo se este dando cuenta de lo que están haciendo estos bárbaros”.

Siguen las buenas intenciones (esas de las que está poblada el camino al infierno...) cuando el episcopado dice que “a la población en general los invitamos a continuar en un espacio de participación respetuosa y responsable, entendiendo que todos podemos construir una Honduras más justa y solidaria, con el trabajo honesto. Exhortamos al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz”. ¿Ayuno de alimentos, de educación, de salud, de agua potable, de justicia social, de dignidad? ¿Hasta cuándo quieren estos obispos que el pueblo sufriente ayune? ¿Cuándo una voz profética que como pastores denuncien los valores de antirreino que las clases opulentas imponen al pueblo injusticiado?

Y como cereza de tan brillante documento os obispos terminan con la blasfemia de tomar el santo nombre del Señor en vano citando a Jesús: “Les dejo la paz, les doy mi paz, nos dice el señor Jesús, la paz que yo les doy no es como la que les da el mundo. Que no haya en Ustedes angustia, ni miedo”. ¿Todavía hay que explicar que la paz subversiva del Evangelio de basa en la distribución justa de los dones / riquezas que Dios puso en la Tierra para todos? ¿Todavía hay que explicarles que la otra “paz”, la “pax romana”, la paz de la sociedad esclavista, la paz de la resignación a la opresión conseguida con la máxima violencia por la violación sistemática de la dignidad de los Hijos de Dios es antievangélica? ¿Pero qué lectura hacen de que la paz que nos trae Jesús “no es como la de este mundo” (Palestina en el siglo I, ocupada por el Imperio Romano aplastando a todo quien se revelase contra él).
“Al que se ponga de mi parte (mi causa) ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los Cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los Cielos. No he venido a traer la paz, sino la espada. (...) El que no carga con su cruz (consecuencias de la causa) y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará”. (Mateo 10, 32-39)


Pronunciamiento Provincial de los Dominicos en Centro América Criterios Éticos Del Magisterio Social De La Iglesia (extracto)
No se puede aceptar la visión, como algunos han dicho, de que existen “dos bandos”, “dos partes” en lo que se refiere al respeto al orden institucional democrático, tal y como lo avala el consenso internacional en materia de concepción de la democracia y de la defensa de derechos humanos. En materia de justicia, institucionalidad, y defensa de los derechos humanos no cabe aceptar “bandos” ni negociación alguna, so pena de destruir las premisas necesarias para la convivencia y el diálogo entre la diversidad de personas.
La identificación y proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana (cfr. GetS 76). Así como al afirmar que la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador (Cfr. Pacem in terris 9). Es, por tanto, por completo inaceptable el recurso o aplicación —como se ha hecho en la “destitución” del presidente Zelaya— de cualquier legislación nacional que no se adecue y subordine a estos derechos. Mucho menos aceptable aún el escudarse en “estados de excepción” para cometer acciones que irrespeten la dignidad humana. Queda claro que los cristianos aprecian el sistema democrático en la medida en que asegura la participación de todos los ciudadanos, les da la posibilidad de elegir y pedir cuentas a sus propios gobernantes, y de sustituirlos de manera pacífica (cfr. Centesimus annus 46).
En la tradición de la enseñanza social católica que el recurso a la resistencia ante un gobernante, por medio de fuerzas armadas, solo es legítimo cuando se hayan producido —no cuando se prevean o supongan como posibles— violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; cuando se hayan agotado todos los otros recursos; sin provocar desórdenes peores; que haya esperanza fundada de éxito y si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Nada de esto parece haber sido considerado por los autores del golpe de estado en Honduras. Permítasenos citar todavía el siguiente párrafo invaluable de la encíclica “El progreso de los pueblos” (31). En este texto Pablo VI recuerda los enormes peligros de la insurrección contra los gobernantes legítimos porque “—salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país— engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor.” La misma condena internacional unánime del golpe en Honduras manifiesta la extendida percepción de que la alteración del orden institucional en Honduras crea amenazas, no solo sobre la convivencia pacífica y justa al interior del país, sino también sobre el frágil sistema democrático de la región. Esto, sin duda alguna, es un mal mayor que el que pudiera estarse evitando y que, en todo caso, quedaba sujeto a prueba con el debido proceso.
No se puede separar, además, el juicio ético – religioso sobre el golpe del que hay que formular sobre la situación general endémica de Honduras y cuya solución debería constituirse en primera prioridad, no solo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad del país, en particular para los gobernantes. Baste recordar unos pocos datos: Honduras es uno de los países del continente con mayor población sufriendo pobreza y las secuelas de la misma, con altos índices de inequidad en la distribución del ingreso per cápita y en el grado de concentración del ingreso per cápita del hogar. Solo el 38, 2 % de los hogares aparecen en las estadísticas como “no pobres” porque pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y otras. La tasa de mortalidad infantil es en promedio del 23 por mil, pero cuatro veces el promedio nacional en algunos departamentos rurales. Para este país, el indicador de esperanza de vida se ubica en peor posición que los indicadores de educación, en los que de todos modos los puntajes obtenidos se encuentran entre los últimos de la región. Es uno de los países del istmo que muestra las mayores proporciones de niños desnutridos, donde el bajo peso al nacer es uno de los factores que precipitan la desnutrición en edades tempranas, resultado, fundamentalmente, de una desnutrición intrauterina y donde no se registran avances relevantes en la reducción de este indicador. Las secuelas de la desnutrición sufrida en la etapa preescolar se observan con claridad en el déficit acumulado en la talla de niños escolares, en donde la prevalencia supera el 40%. Y está claro que uno de los principales factores que incide en la deteriorada situación de la salud es el inadecuado acceso a servicios de saneamiento y agua. Además, en Honduras vive la tercera parte de la población centroamericana que padece VIH-sida.
¿Podremos decir los cristianos, y en particular los frailes predicadores, que estamos anunciando en Honduras al Dios de la vida, al Jesús que vino “para que tuviéramos vida y vida en abundancia”? ¿Podrán decir los partidos y dirigentes políticos hondureños que han hecho de la defensa de la vida su prioridad principal?
Cualesquiera que sean la respuestas a estas preguntas, estamos convencidos de que el compromiso de acompañamiento al pueblo hondureño no se limita a esta lamentable coyuntura de la ruptura de la institucionalidad democrática, sino que se extiende al camino para la superación de estos problemas estructurales. Un fortalecimiento de la democracia política —tan dramáticamente herida con el reciente golpe— solo se realizará con una construcción fuerte de una democracia económica y social.
Pero en este caminar, definir lo que haya que hacerse, —como lo enseñó con clarividencia Pablo VI—, no es tarea privilegiada nuestra, ni siquiera de los Obispos o del Romano Pontífice. Es a las comunidades cristianas a quienes incumbe “analizar con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la Palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia (…) (a ellos les) toca discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se considera de urgente necesidad en cada caso. (Octogesima adveniens 4)”.

Pedimos a todos los religiosos y miembros de la Familia Dominicana en Centroamérica que rechacen de manera categórica, sobre la base de los principios aquí expuestos, el golpe infligido a la institucionalidad democrática hondureña y pidan el apoyo nacional e internacional para la restauración de la misma en el más corto plazo.
Asimismo, llamamos a expresar nuestra solidaridad efectiva con los más necesitados, los más pobres, los más excluidos del pueblo hondureño, también más afectados —a veces hasta manipulados— por situaciones críticas como la presente.